El uso de estos datos representa una grave afectación a la privacidad y la protección de datos personales. También, su recopilación y circulación sin una finalidad necesaria y proporcional puede constituir un tratamiento ilegal.

El riesgo no es únicamente la vigilancia estatal. En un contexto de violencia como el que atraviesa Zacatecas, divulgar información que permita localizar a periodistas y personas defensoras puede incrementar directamente los riesgos para su seguridad e integridad.

Además, si estos datos fueron utilizados para impedir el acceso de personas «críticas» al Quinto Informe de Gobierno de del gobernador David Monreal, se trataría de un mecanismo de exclusión y bloqueo informativo.

Criticar al gobierno, investigar asuntos de interés público, protestar o defender derechos no convierte a nadie en una amenaza para la seguridad.

Exigimos al Gobierno de Zacatecas esclarecer el origen, finalidad, uso y responsables de esta lista, suspender cualquier tratamiento de datos sin fundamento legal y garantizar la rendición de cuentas y la libertad de expresión.