A dos años, víctimas de violencia vicaría e institucional padecen el desinterés y dilación de las autoridades en la resolución de su caso

15 de Diciembre 2025 / Tlaxcala, Tlax.

El pasado 28 de Noviembre en el estado de Tlaxcala, coincidente con los 16 Días de Activismo y la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, se cumplió el segundo aniversario de la ilegal y violenta sustracción en el municipio de Apizaco de las dos mellizas -menores de edad- por parte de miembros de su familia paterna; de los cuales tres integrantes enfrentan proceso en su contra privados legalmente de su libertad y por posible desinterés de la autoridades dos continúan prófugos de la ley, mientras las víctimas y su progenitora continúan a la espera de justicia.

El delito considerado «grave» en el Código Nacional de Procedimientos Penales que derivó en la no localización de las menores (de identidad reservada) por espacio de siete meses de los cuales al día de hoy su madre de ascendencia colombiana legalmente desconoce lo referente a su alimentación, cuidados, educación, atención médica por su especial condición de salud; pero sobre todo las condiciones específicas en las que finalmente las autoridades llevaron a cabo su ubicación y rescate.

Obligando para ello a que su tutora buscara ayuda -sin respuesta- de las autoridades tlaxcaltecas, incluido el DIF estatal que por conducto de su Presidenta Honorífica simplemente se declaró «incompetente» también algunas activistas, siendo estas últimas quiénes ignoraron la petición de apoyo por ostentar un cargo en el Gobierno del Estado y por nexos de amistad con uno de los investigados. Pese a no contar con familiares en nuestro país y por medios propios la madre de las niñas sustraídas buscó la intervención favorable de la Embajada de Colombia y del Gobierno de México, que en ese momento encabezaba Andrés Manuel López Obrador.

Después, mediante misivas de extrañamiento y órdenes ejecutivas giradas a lo local desde la misma Presidencia de la República fue que se logró superar el bloqueo existente al acceso a la justicia, ya que la familia de las mellizas (juristas de profesión) gozaban de impunidad gracias a los nexos y amistad con la hermana de la Gobernadora y personas con poder económico y político en la entidad, así como en lo referente a la investigación e impartición de justicia.

Entonces fue que ante la insistencia de la joven madre y por la presión mediática que alcanzó en espacios noticiosos locales, regionales, nacionales e internacionales se logró fueran liberadas y cumplimentadas sendas órdenes de aprehensión en contra del padre, abuela y tía (paternas), quienes fueron ingresados al CERESO, vinculados a proceso y el Juez de la causa dictó prisión preventiva justificada por su probable responsabilidad en el delito de sustracción de menores; causa judicial que ha enfrentado «contratiempos» por presuntas prácticas legaloides de dilación.

Entre las que están la búsqueda reiterada e igualmente denegada de amparos, cambios constantes de representación legal, a las que se suman fallas en la infraestructura, el freno y cambios producto de la reciente elección judicial que dió paso al desestimiento por parte de dos Juezas, una quién pretextó conocer y tener relación de amistad con los investigados y la otra por conocer de la causa de manera alterna; situación que por enésima ocasión pasa por alto el interes superior de la niñez, aplaza el desahogo de la audiencia intermedia y el juicio.

Dejando al margen de la justicia a las menores y su madre, quienes presuntamente son víctimas de violencia vicaría e institucional, ya que al no ejecutarse las órdenes de aprehensión pendientes resulta evidente la violación al derecho humano al esclarecimiento de los hechos y la certeza jurídica; un caso que de paso hace evidente la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDHT), ente que preside una mujer y se supone defiende las garantías elementales; organismo que por razones no claras se ha reservado a fijar postura, más cuándo existen expresiones xenófobas en algunas columnas y publicaciones en medios, que -sin ética y profesionalismo- ventilan datos personales y de prueba de un proceso penal.