La suspensión provisional concedida a vecinos de la capital por la construcción del Autotrén Tlaxcala demuestra que el gobierno estatal no tiene todas las de ganar en realización a este proyecto que ha quedado evidenciado por su inviabilidad.

Los juicios de amparo interpuestos por ciudadanos contra la obra son la respuesta a la cerrazón de un proyecto que se negó a comunicar los detalles y beneficios reales de la misma.

En su resolución, la autoridad judicial señala que, si bien la construcción de vialidades es importante para la sociedad, también lo es la preservación de la biodiversidad, lo que demuestra que el criterio del Juzgado está a favor de superar la postura sostenida tradicionalmente en relación con el crecimiento económico a cualquier precio.

La Ley de Amparo establece un periodo para ofrecer las pruebas que funden el proyecto ante el órgano jurisdiccional, a fin de que este determine si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.

Transcurrido el plazo anterior, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia constitucional, programada el 22 de septiembre, en la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos de las partes y, en su caso, se dictará la resolución correspondiente.

Este tipo de conflictos demuestra que el gobierno estatal actúa al revés: prefiere reaccionar a los problemas que prevenirlos. Y esto no es sino la evidencia de que personajes, como al secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, están más puestos en promover sus carreras políticas que en dar resultados a la gobernadora de Tlaxcala, quien había comprometido inaugurar la primera etapa en el marco del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa.