La Ley de Aguas del Estado resulta contraria a lo que defienden los promotores de los libros de texto gratuito en Morena. Es privatizadora, y contraria al espíritu comunitario.

Al menos esa es la lectura que le dan presidentas y presidentes de comunidades regidas por sistemas normativos de Usos y Costumbres, que rechazan la iniciativa que decididamente impulsa la diputada Marcela González Castillo.

La también Coordinadora de Morena en el Congreso local ha hecho los amarres políticos necesarios para sacar adelante su Ley de Aguas, a sabiendas de que viola derechos humanos, así como la autonomía y las formas de organización y de vida de localidades indígenas o con organización comunitaria.

Preocupante es que una legisladora que ni siquiera ha salido a defender en tribuna los principios de la 4T ni la agenda de la gobernadora Lorena Cuéllar, pretenda usar la mayoría legislativa de Morena y sus aliados para consumar una legislación anticonvencional y anticonstitucional.

Durante la Cuarta Reunión de las 94 comunidades del estado que se gobiernan bajo estos procesos, efectuada el pasado fin de semana en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, sus habitantes han dejado fuerte y claro que esta norma no pasará.

Públicamente, González Castillo ha dicho que esta ley se someterá a una consulta previa del día 21 al 29 de este mes (Agosto). Pero al interior del Congreso local, ya amarró los votos necesarios para votar la norma en los términos que la presentó.

Esto significa que dicha consulta es una farsa, una simulación que pretende bajar la guardia de los participantes, haciéndoles creer que sus opiniones serán tomadas en cuenta cuando en realidad no es así.

Es lamentable que la titular de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso local sea la artífice de otro foco de crisis para el lastimado gobierno de la 4T en Tlaxcala.

Ahora que el gobierno estatal enfrenta el descontento de los sindicalizados por el cambio de sus servicios médicos, y de que los colectivos y organizaciones se quejan de la represión del gobierno estatal, la diputada «fifi” le echa gasolina al fuego con su intento de imponer una Iniciativa de Ley ilegal que criminaliza al pueblo.

Flaco favor le hace a su marido, el Secretario de Infraestructura (SI) que en su incompetencia para imponer también el Autotrén Tlaxcala, acumula rechazo a su aspiración de ser aspirante al Senado de la República.

De ese tamaño en la farsa con Tlaxcala del matrimonio Sánchez González.