El Gobierno del Estado de Tlaxcala estará obligado a revisar la situación del Secretario de Medio Ambiente, Luis Antonio Ramírez Hernández, luego que entró en vigor la reforma constitucional en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
Se sabe, el servidor público evade el pago de obligaciones alimentarias en favor de su hijo de casi dos años de edad, quien además requiere de tratamiento médico, a través de sus conexiones políticas con el grupo del ex gobernador Alfonso Sánchez Anaya.
Incluso, desde el Congreso del Estado, estaría protegido por la Diputada Marcela González Castillo, dado que el todavía funcionario estatal, es también el encargado de la interlocución entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, y respaldada por la mayoría de los Congresos locales, incluido el de Tlaxcala, establece que se deben suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos declarados como personas deudoras alimentarias morosas.
También, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
En esos supuestos, cualquier persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Respecto al caso del funcionario estatal, su ex pareja, Tania Vianey Rodríguez González, lo ha señalado no solamente de eludir el pago para la manutención de su hijo, sino de violencia familiar y amenazas, ante lo cual el Gobierno del Estado debe determinar la permanencia o no Ramírez Hernández, esto en cumplimiento al compromiso que públicamente hizo la Gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, aliada de las mujeres.